Fotograma del vídeo grabado durante la mesa redonda
Con motivo de la onomástica de Sant Canut, los días 18 y 19 de enero el Moviment Cannàbic Català, del que forman parte más de 50 asociaciones, organizó unas jornadas culturales, lúdicofestivas y reivindicativas en Barcelona. La plataforma, que persigue la regulación del autoconsumo de cannabis, impulsó el desarrollo de distintos eventos informativos y de protesta, y convocó una concentración en la que se rindió homenaje a Xavier Sánchez Petrel, impulsor del movimiento, y a los imputados por el cannabis. Esta marcha finalizó en la plaza de la Mercè, donde se realizaron conciertos y la entrega de premios del concurso de lemas para la edición de este año.
Una de las actividades que tuvo lugar a lo largo de las jornadas fue una mesa redonda en la que participaron miembros de todas las formaciones políticas parlamentarias, a excepción del PSC. También intervino Martín Barriuso, fundador de la Pannagh, el primer club social de cannabis en el País Vasco que fue clausurado en 2011 por orden judicial, y un emblema de la anti prohibición. Experto en la materia y desde su experiencia directa con la represión policial, Barriuso ofreció su punto de vista respecto la situación de los clubs cannábicos en España. Empezó su ponencia explicando que en el país no ha habido nunca un modelo preestablecido por lo que se refiere a la creación de estos clubs. Recordó que el consumo de cannabis y otras sustancias prohibidas lleva despenalizado desde 1974 y que, por lo tanto, las instituciones democráticas deben establecer una regulación, pues hay un espacio de inseguridad jurídica y de vulneración de derechos en cuanto al cultivo, la tenencia y el consumo.
Advirtió que la aprobación del nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana podría impedir que se desarrollaran regulaciones autonómicas. A su juicio, una doble ofensiva tanto en el terreno penal como administrativo puede derivar en un escenario en el que la única alternativa sea recurrir al narcotráfico.
Barriuso también comentó que la instrucción de la Fiscalía General del Estado alrededor de las actividades de los clubes sociales de cannabis insiste en que es necesaria una autorización administrativa para que el cultivo sea lícito, cuando no hay ninguna institución en España con competencias para dar esa autorización administrativa que se reclama. Lamentó las numerosas intervenciones policiales y judiciales contra algunos clubes e indicó que “existe una ofensiva para impedir esta actividad y la ley de seguridad ciudadana viene a cubrir el único espacio que quedaba. Vamos hacia un marco en el cual se van a incrementar los riesgos legales y para la salud y la única alternativa razonable frente a este salto atrás es una regulación integral”. Abogó por una normativa basada en criterios de salud pública, respeto a los derechos de los consumidores y reducción de riesgos y daños tanto para los que utilizan cannabis como para su entorno social.
Al terminar su intervención fue el turno de Begonya Montalbán, miembro del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, quien explicó, en primer lugar, que el reciente incremento de clubs cannábicos en Catalunya puede haber producido un mercado oculto que genere inseguridad por parte de las asociaciones que hacen las cosas correctamente y por parte de los consumidores. Al respecto, dijo que la Conselleria de salut, la de interior y a demanda de las federaciones, se está planteando una regulación que el Departamento de Salud quiere liderar, trabajando conjuntamente con los grupos parlamentarios, y darle un enfoque en base a los criterios de salud pública. Añadió que la regulación se debe fundamentar en un código de buenas prácticas y que se exigirá un control y una transparencia a todas las asociaciones en base al registro y confiando en el autocontrol y la autoregulacion de las mismas. No olvidó que existen aspectos más complicados, “el transporte o el cultivo preocupan, y debemos ver como le damos este componente legal, como estableceremos unos protocoles y unos mecanismos”. Destacó que la Agencia de Salud Pública quiere tener un papel importante en el proceso y ve una oportunidad para aplicar programas y políticas de prevención y promoción de la salud para reducir daños y riesgos. Remarcó que no existe una mayor tolerancia al consumo y que simplemente se trata de poner orden.
La siguiente intervención fue la de Alba Vergés, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Vergés inició su ponencia recalcando que existe un consenso entre los diferentes partidos para iniciar la regulación de las asociaciones y los clubs. Comentó que, así como el asociacionismo es fácil regularlo, “nos encontramos con un muro por lo que respecta al cultivo y al transporte, pues chocamos con una legislación en la que no tenemos competencias”. Explicó su pretensión de abordar el tema des del punto de vista de salud pública y añadió que trabajarán para poder incidir en las cuestiones del cultivo y del transporte, y para seguir compartiendo perspectivas con la gente de las asociaciones y de las federaciones que las agrupan.
A continuación habló Eva García, del PPC, y comentó que en el Congreso de los diputados hay una ponencia, que ha sido respaldada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios para tratar esta temática, que es muy compleja, que puede suponer un cambio en el código penal y que entra en el terreno jurídico, de seguridad y de salud. Advirtió también que antes de hacer esta regulación hace falta valorarlo en profundidad, escuchar sobretodo a los expertos y conocer la experiencia de otros países donde esto se ha hecho, para saber cuales son las problemáticas que se han producido. Expuso la posición del Partido Popular al respecto, diciendo que el cannabis comporta peligros sociales y para el consumidor. Explicó que para hacer esta afirmación se basa en los datos de la OMS, según los cuales ésta substancia es alucinógena, distorsiona la realidad, dificulta la atención, la concentración y conlleva la pérdida de memoria. A pesar de esto, recordó que en el 2003 se aprobó en el Parlament de Catalunya una propuesta de resolución para comenzar a analizar los posibles efectos terapéuticos de la marihuana y que en el País Vasco ya se creó una ponencia para poder hacer alguna legislación al respecto.
El siguiente ponente en ofrecer su posicionamiento fue Josep Vendell, miembro de ICV-EUiA. Quiso constatar en primer lugar el fracaso de la represión y la prohibición a nivel mundial y alabar la regulación responsable que se está desarrollando en países como Uruguay, Washington y Colorado. Lamentó que los costes humanos, sanitarios, la mafia, la violencia y el fortalecimiento de los aparatos de represión policial en muchos países demuestran que “lo único que hace la prohibición es vulnerar los derechos de todas las personas, engrandecer el mercado negro y fomentar la represión”. La cuestión del cannabis es, a su parecer, una hipocresía moral, porque hay ciertas drogas que están admitidas legalmente “y esto obedece a un criterio social, cultural y sobretodo arbitrario”. Vendell añadió que el partido al que representa concibe el consumo del cannabis y de otras sustancias como una opción personal que en cualquier caso tiene una dimensión de salud pública que hace necesaria su regulación. Se refirió a la ambigüedad legal i a la inseguridad jurídica de Catalunya en este sentido para explicar los casos de acoso policial y la arbitrariedad judicial. Abogó por la regulación, aunque mostró su desacuerdo con una mercantilización total y absoluta, y recordó que su partido presentó una propuesta de resolución en el Parlament que iba en la línea de crear una comisión con la comparecencia de expertos, de las entidades y de las federaciones, para decidir colectivamente cual es el tipo de regulación qua hace falta. Comentó también la necesidad de regular el acceso de médicos y psicólogos, y cuestiones como el espacio y el número de socios.
Intervino después Magí Algeró, representante en la mesa redonda de Ciutadans, que afirmó estar a favor de la marihuana, porque “la droga no es peligrosa de por sí, todo depende del uso que se le dé”, aunque remarcó la importancia de hacer un consumo responsable y regulado. Explicó que con esto se acabaría el tráfico y las problemáticas que conlleva el hecho de estar en la alegalidad, y sentenció que lo lógico sería hacer una ley a nivel estatal. Terminó la ponencia reafirmando su posición en base a lo que aparecía sobre la cuestión en el programa electoral del 2008, pero diciendo que cuando hagan la próxima asamblea “y cuando hablemos con el señor Rivera, si él está en contra pues ya lo volveremos a hablar”.
El acto finalizó con la intervención de Carles Sedó, miembro de la Candidatura d’Unitat Popular. Se refirió al anteproyecto de la ley de seguridad ciudadana como “la herencia de unas políticas reaccionarias y franquistas que van a contracorriente de lo que marca la ONU, que plantea a los países que experimenten modelos de regulación del cannabis”. Las mafias y la moral reaccionaria e hipócrita representada a veces por los gobernantes son, a su parecer, quienes sacan provecho de la fiscalización. Abogó por la autogestión y planteó que tal vez la persecución del cannabis en el espacio público sea la persecución del espacio público en sí. Concluyó que la falta de una regulación afecta a la administración pública, pues no recibe los impuestos que le tocaría y porque el dinero se invierte en policía, en el sistema judicial y en la prisión, y afecta también a las personas.
