Varios países regulan la producción y distribución de una de las drogas más consumidas.
España, donde sube la persecución, va contra la tendencia mundial.
162 millones de personas consumen maría en el mundo. / ANDRES STAPFF (REUTERS)
Hace 20 años, a una funcionaria española partidaria de que se dejaran de prohibir las drogas se le ocurrió plantear, en una reunión en la ONU, “alguna opción más humana” para luchar contra la lacra del tráfico de estupefacientes. Automáticamente un diplomático se la llevó aparte. “Aquí estas cosas no se dicen ni en el cuarto de baño”, le espetó. Hoy, la misma funcionaria explica que dentro de la ONU ya circulan documentos internos que reconocen el fracaso de la prohibición para luchar contra estas sustancias.
El tabú se va esfumando. A nadie le parece ya una locura plantear la lucha contra las drogas (sobre todo cannabis) de una manera distinta de la empleada durante los últimos 50 años, desde que se aprobara en 1961 la Convención Única sobre Estupefacientes en la sede de la ONU en Nueva York. El perfil de los defensores de un cambio global también ha evolucionado. Al consumidor habitual y de izquierdas que acudía a las manifestaciones a favor de la marihuana hace unos años se le han unido una ristra de personajes ilustres: desde premios Nobel como Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez hasta el exsecretario de la ONU Kofi Annan, pasando por numerosos exmandatarios, alcaldes de grandes ciudades, actuales presidentes de países de América Latina o el ex secretario general de la OTAN Javier Solana. Plantear que los beneficios de la prohibición no han superado los costes ya no sorprende a nadie. “Lo más importante es que se ha legalizado el debate”, explica Xabier Arana, investigador del Instituto Vasco de Criminología. “Antes en el sector prohibicionista te decían que ni siquiera la hipótesis era válida. Ahora como mínimo ya te preguntan cómo se podría llevar a cabo”.
Un 58% de los estadounidenses apoyaban en 2013 la legalización.
Un caso como el de Ámsterdam ha dejado de ser una excepción mundial, y la ola de países, ciudades y regiones que abogan por descriminalizar o incluso legalizar el consumo de marihuana se extiende por el mundo a un ritmo imparable. Una experiencia tan utópica hace unos años como el caso de Uruguay, donde el propio Gobierno se encargará de controlar la producción, distribución y venta de marihuana, es hoy una realidad y se sigue muy de cerca por todos los países del mundo, especialmente los de América Latina, donde la lucha contra la droga deja decenas de miles de muertos cada año.
Un tercio de los partidarios se había mostrado en contra dos años antes.
Estados Unidos es uno de los mejores ejemplos del cambio global en la percepción del cannabis. En la cuna de la prohibición, donde se declaró en 1971 la “guerra mundial contra la droga”, ya hay 21 Estados en los que se permite la marihuana medicinal y en algunos, como California, la línea que separa el consumo terapéutico del recreativo es harto difusa. Colorado y Washington han ido más allá y en el primero ya se permite cultivar hasta seis plantas en casa y vender legalmente hasta 28 gramos de marihuana para uso recreativo. En Washington se permitirá este 2014. En la última encuesta Gallup sobre la legalización del cannabis, un 58% de los estadounidenses se manifestó a favor. La primera vez que se preguntó sobre el tema en la misma encuesta, en 1961, solo un 12% apoyaba la idea. El cambio de opinión se ha producido, además, a un ritmo de vértigo: un tercio de los que apoyan ahora la legalización se manifestó en contra hace tan solo tres años.
España es el tercer país de la UE en consumidores de la sustancia.
Algunos analistas en EE UU destacan la avalancha reguladora del cannabis, que cuenta con unos 162 millones de consumidores en todo el mundo, y el rápido crecimiento en todo el país. Solo las ventas de marihuana medicinal superaron los 150.000 millones de dólares en 2013 (110.000 millones de euros) y se calcula que en 2018 alcanzarán los 600.000 millones de dólares (438.000 millones de euros). Ya existe una universidad en Oakland, California, dedicada exclusivamente a los negocios relacionados con el cannabis e importantes empresarios hasta ahora ajenos a la materia apuestan por el sector, sobre todo después de que el fiscal general, Eric Holder, anunciara que no se actuará contra las iniciativas en Colorado y Washington, a pesar de que el cannabis sigue siendo ilegal en el ámbito federal. “Es un mercado gigantesco en busca de una marca”, aseguró el pasado junio James Shively, exdirectivo de Microsoft, en la presentación de su proyecto de crear el “Starbucks de la marihuana”, en el que invertirá inicialmente 10 millones de dólares (7,3 millones de euros). Acompañado del expresidente de México Vicente Fox, que apoya el proyecto, Shively advirtió del “momento histórico” que vive la marihuana: “Estamos ante la caída del muro de Berlín del cannabis”.
El Gobierno quiere subir a 1.000 euros la multa mínima por posesión.
La nueva regulación en Uruguay también puede ser fuente de negocio. El Gobierno y varios laboratorios de Canadá, así como farmacéuticas de Chile e Israel han iniciado contactos con Montevideo para saber qué posibilidad habrá de comprar allí marihuana. Incluso se podría transformar el país en un polo de biotecnología y centro de investigaciones sobre el uso medicinal de la marihuana.
En Europa, donde históricamente no se ha criminalizado tanto al consumidor como en América Latina o EE UU, la tendencia reguladora es más moderada, pero también existe. En 2013 Suiza despenalizó la posesión de cannabis para uso personal; la capital de Dinamarca, Copenhague, pretende iniciar un plan piloto en el que el municipio producirá y venderá la marihuana y el distrito de Kreuzberg, en el centro de Berlín, planea instalar coffeeshops en el parque Görlitzer, uno de los espacios más castigados por el tráfico de drogas en la ciudad. Las voces de personalidades y expertos en derecho penal a favor de un cambio también son cada vez más numerosas e incluso el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, ordenó el pasado noviembre “revisar las políticas existentes en materia de drogas” en Reino Unido.
Además, existe el caso de Portugal, que despenalizó en 2001 la posesión de todas las drogas. El Ejecutivo portugués empezó a enviar a los consumidores a una comisión formada por psicólogos, trabajadores sociales y asesores legales que aconsejaban un tratamiento alternativo. Más de una década después, el modelo se considera un éxito y Portugal se encuentra en el puesto 18 de la Unión Europea en cuanto a consumo de cannabis, mientras que España es el tercero, según el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías. “El caso de Portugal ha probado lo que se venía diciendo durante años y nadie escuchaba”, sostiene Araceli Manjón-Cabeza, exdirectora del Plan Nacional de Drogas y exmagistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que después de combatir las drogas durante 20 años aboga ahora por la legalización.
España, donde el 80% de los condenados por tráfico de drogas lo son por casos de cannabis, actúa en contra de la tendencia mundial. El Gobierno, dispuesto a acabar con los clubes sociales de fumadores que han ido proliferando durante los últimos años, especialmente en Cataluña y País Vasco, prevé subir un 300% la sanción mínima por posesión —de 300 a 1.001 euros—, así como multar con la misma cantidad los cultivos privados de cannabis. “Nos retrotraemos a épocas pasadas como en el caso del aborto”, opina Xabier Arana. El Ejecutivo, además, prevé eliminar la posibilidad de sustituir la multa por un tratamiento de desintoxicación, algo que ha indignado a otros expertos y a asociaciones de toxicómanos.
El cannabis medicinal también es ilegal en España, y solo se permite prescribir un medicamento con sus componentes, el Sativex, en casos de espasmos en esclerosis múltiples. “Debería haber un acceso más directo para atenuar las dolencias de enfermos crónicos, falta de apetito, náuseas y otras enfermedades”, explica Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense y estudioso de los efectos terapéuticos de la marihuana.
Los expertos consultados creen que una legalización o despenalización no aumentaría el número de consumidores, sino al revés. “Para un joven de 15 años es más fácil comprar una pastilla de éxtasis o hachís que una caja de barbitúricos o una botella de vodka”, mantiene Manjón-Cabeza. “Señal de que si algo está regulado está más controlado”.
Los líderes mundiales aguardan con expectación la reunión especial de la Asamblea General de la ONU que se celebrará en 2016 para tratar el tema de las drogas, y en la que muchos esperan que el organismo dé un paso al frente. “Puede pasar cualquier cosa”, explica Manjón-Cabeza. “Teniendo en cuenta los cambios de los últimos dos años, cualquier pronóstico es arriesgado”.
