El Departamento de Justicia promoverá la petición de indulto de condenados por posesión de crack es un esfuerzo por reducir el número de presos y la discriminación racial en las cárceles.
Reclusos de una cárcel de California. / RICH PEDRONCELLI (AP)
El Gobierno de Estados Unidos esa dando los primeros pasos para conmutar las penas de los condenados por delitos menores de drogas, en un esfuerzo por reducir el número de presos en las cárceles del país y erradicar la discriminación racial en las cárceles. El número dos del Departamento de Justicia pidió este jueves a los fiscales que busquen a presos que estén en condiciones de recibir un indulto y que les ayuden a preparar su solicitud. La medida beneficiará a miles de personas encarceladas, si bien no está claro a cuántos se les concederá, finalmente, el perdón o una reducción de su tiempo en prisión.
“Necesitamos identificar a este tipo de individuos y redactarles unas solicitudes de indulto bien preparadas para enviárselas al Departamento de Justicia”, señaló el vice Fiscal General estadounidense, James Cole, durante una reunión con la Asociación de Abogados de Nueva York. La iniciativa del Departamento de Justicia se enmarca dentro de la estrategia de la Administración Obama de afrontar los problemas de disparidad en la duración de las condenas por posesión de determinados tipos de drogas, que generalmente perjudicaba a los afroamericanos, y reducir el número de reclusos que cumplen penas por delitos menores.
El número dos del Departamento de Justicia pidió este jueves a los fiscales que busquen a presos que estén en condiciones de recibir un indulto y que les ayuden a preparar su solicitud.
En Agosto, el Fiscal General, Eric Holder, presentó la nueva política del Gobierno en este sentido criticando las “draconianos límites mínimos de la pena” y aludiendo a la discriminación racial en el sistema de justicia de EE UU. “Hay una historia de disparidades raciales a la hora de aplicar las leyes, desde la pena de muerte hasta las relacionadas con los delitos de drogas”. En diciembre, el presidente Barack Obama indultó a ocho reclusos condenados a largas penas de cárcel por posesión de pequeña cantidades de crack.
La nueva propuesta del Departamento de Justicia pretende extender este tipo amnistía que Obama ejerció el mes pasado. Aunque no se sabe el número de reclusos que podrán beneficiarse de la conmutación de las penas que persigue la Administración estadounidense, sí ha quedado claro que los reos por delitos de violencia y que pertenecieran a bandas criminales o de narcotráfico quedan excluidos de la iniciativa.
Hasta 2010, la posesión de un gramo de crack se equiparaba a la de 100 gramos de cocaína a la hora de establecer la pena mínima por tenencia de droga. Los consumidores de crack suelen ser afroamericanos con pocos recursos, mientras que la cocaína está más extendida entre la población blanca con buen nivel económico, una circunstancia que provocó una importante disparidad, no sólo racial entre los convictos por posesión y tráfico, sino en la duración de las condenas. Ese año, el Congreso aprobó la Ley de Sentencias Justas que redujo esa diferencia beneficiando a 12.000 prisioneros.
Hasta 2010, la posesión de un gramo de crack se equiparaba a la de 100 gramos de cocaína a la hora de establecer la pena mínima por tenencia de droga
Este mismo jueves, el comité de Asuntos Jurídicos del Senado aprobó una nueva versión de esa norma que contempla su aplicación retroactiva y reducir el límite mínimo de las penas por posesión. En 2011, 30.000 presos, el 15% de toda la población reclusa de EE UU, estaba cumpliendo una condena relacionada con la posesión de crack. Con esta reforma -que cuenta con el apoyo de ambos partidos para salir finalmente aprobada- el poder legislativo se sumaría a los esfuerzos del ejecutivo para atajar el problema del hacinamiento y la discriminación racial del sistema penitenciario y de justicia de este país, un tándem por el que han venido abogando los defensores de una reforma de los mismos. “Estos dos procesos, el normativo y el de conmutación de penas, no se excluyen y son necesarios para provocar un verdadero impacto en la estructura penitenciaria”, comentó Marc Mauer, director ejecutivo de Sentencing Project, tras conocerse la propuesta del Departamento de Justicia.
Fuente El País
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